Hermosillo, Sonora a 23 de abril de 2026. — En una sesión marcada por la urgencia y la omisión de las formas legislativas, el Congreso del Estado de Sonora aprobó este día la Ley en Materia de Desaparición de Personas, un ordenamiento que debió homologarse desde 2018.
La iniciativa, que no figuraba en el orden del día original, fue introducida de último momento bajo la figura de “urgente u obvia resolución” para evitar sanciones judiciales contra el Poder Legislativo.
La diputada Gabriela Félix Bojórquez denunció que esta celeridad no responde a una genuina voluntad política por las víctimas, sino a una orden emitida por un juez en marzo reciente, luego de que el Ejecutivo agotara los recursos legales para evitar cumplir con la Ley General publicada en 2017.
“Ocho años peleando para no cumplir y ahorita quieren cumplir en menos de tres horas. Es un merequetengue lo que estamos haciendo; no podemos aprobar a la ligera algo de 162 artículos y 12 transitorios, de los cuales, con todo respeto, ni los que firman la iniciativa conocen su contenido, además mientras la lectura todos nos distrajimos en diversos momentos”, sentenció la legisladora durante su intervención en la tribuna.
Uno de los puntos más críticos señalados por Gabriela Félix es la inclusión de apartados sobre el uso de datos biométricos en las labores de búsqueda. La diputada solicitó, sin éxito, que la iniciativa fuera turnada a comisiones para revisar específicamente los protocolos de seguridad de esta información, advirtiendo que la ley no establece quién, cómo ni por cuánto tiempo se utilizarán estos datos sensibles.
“Yo solicito a este Pleno que lo mandemos a comisiones para ver el tema de los datos biométricos, porque la verdad estamos violentando otros derechos humanos por tratar de proteger en el tema de desapariciones. Por ayudar en algo tan bueno, vamos a violentar la seguridad de la ciudadanía”, advirtió.
La legisladora recordó que desde el 8 de abril de 2025, ella presentó una iniciativa integral de Declaración Especial de Ausencia, la cual fue ignorada por la mayoría legislativa pese a que su objetivo es proteger el patrimonio y los derechos de los hijos de personas desaparecidas.
“Poder brindar la declaración de ausencia implica que queden a salvo los derechos de las niñas y los niños. Si el tutor desaparece, ellos quedan en el limbo en salud, educación y vivienda. Es relevante, pero ¿por qué hacerlo mal otra vez?”, cuestionó Félix Bojórquez.
La homologación de la Ley General en Sonora ha sido un proceso de resistencia institucional. Desde 2018, diversas legislaturas incurrieron en omisión, lo que llevó a colectivos y ciudadanos a buscar el amparo de la justicia federal. La aprobación de hoy se da apenas semanas después de que la justicia federal ordenara legislar “sí o sí” en el presente periodo, o el próximo, tras años de recursos legales interpuestos por el propio Congreso para retrasar el mandato.
