Hermosillo, Sonora; 9 de mayo de 2026.- Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sonora proponen reformar la legislación estatal en materia de servicio social comunitario, con el objetivo de fortalecer su orientación hacia la atención de problemáticas sociales, el desarrollo regional y la formación integral de las y los estudiantes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación y Cultura para su análisis, contempla reformas a la Ley de Educación, la Ley de las Juventudes y la Ley de Planeación, todas del Estado de Sonora. La propuesta fue presentada por las y los legisladores Deni Gastélum Barreras, María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia, María Alicia Gaytán Sánchez, Julio César Navarro Contreras, César Adalberto Salazar López, David Figueroa Ortega, Jazmín Gómez Lizárraga, Rubén Refugio González Aguayo y René García Rojo, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Nueva Alianza Sonora, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.
La diputada Deni Gastélum Barreras mencionó que la propuesta contempla establecer bases legales que fomenten la vinculación entre instituciones educativas, gobiernos municipales y dependencias estatales para la implementación de proyectos con impacto social.
“Lo que se plantea es recuperar el sentido del servicio social como una herramienta de formación integral y de participación social, orientándolo hacia un modelo en el que las y los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en beneficio de su comunidad, al tiempo que desarrollan habilidades y fortalecen su compromiso ciudadano”, comentó.
Asimismo, señaló que el servicio social en México ha sido concebido como un mecanismo de vinculación entre la educación superior y la sociedad; sin embargo, en la práctica, su implementación ha tendido a reducirse a un requisito administrativo para la titulación, perdiendo parte de su impacto formativo y social.
Subrayó que la iniciativa propone que las autoridades educativas promuevan mecanismos de participación estudiantil en proyectos comunitarios, respetando la autonomía de las instituciones de educación superior y sin generar nuevas cargas administrativas o presupuestales.
En la Ley de las Juventudes, la propuesta reconoce la participación comunitaria como una vía fundamental para el involucramiento de las juventudes en la vida pública, mientras que, en materia de planeación, se impulsa la identificación de proyectos municipales en los que puedan integrarse estudiantes mediante esquemas de servicio social.
Gastélum Barreras resaltó que esta reforma representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la educación y la sociedad, permitiendo que las juventudes no solo cumplan con un requisito académico, sino que también desarrollen habilidades profesionales, sentido de responsabilidad social y participación activa en la transformación de su entorno.
